EL FAMOSO "CASO NAGORE"

En la actualidad el jurado popular en nuestro sistema esta compuesto por nueve personas; seis mujeres y tres hombres, en el caso concreto en que se está todavía juzgando a Diego Yllanes, el autor de la muerte violenta de la joven Nagore Laffage. El proceso no ha terminado.
No me hubiese gustado estar en la piel de los jurados que estos días han examinado los hechos y las pruebas de la muerte violenta de Nagore Laffage, de la que es autor confeso el acusado. Ni antes del veredicto ni ahora, cuando la opinión pública se ha manifestado de forma masiva en contra de sus conclusiones, no ya por la calificación jurídica de los hechos, sino por la pena que corresponde a éstos, confundiendo ambas.
Es cierto que, de haberse proclamado asesinato, la pena prevista en el código es mayor, pero esa calificación requiere de unas circunstancias precisas que tal vez no se dieran en este caso, o que no se han probado de manera suficiente. Puede que lo que esté mal no sea el veredicto, sino la insuficiencia de la pena que marca el Código Penal. El asunto está en si es más justo que el autor, en proporción al crimen cometido, sea condenado a los 20 años que piden o pedían las acusaciones, o a los 7 que pide la defensa.
Por ahora todo lo que se diga no son mas que meras especulaciones porque queda pendiente la sentencia que dicte el juez y la pena que aplique, basándose, entre otras cosas, en el veredicto con admisión, o no, de las atenuantes estimadas por el jurado y que entrañan una dificultad técnica mayor de lo que parece.
Sobre todo en un caso como éste que desde el principio ha estado marcado por la atención mediática y una notoria asimetría social.
La defensa que hacía Chesterton del jurado se basaba en que los jueces, especialistas en la materia, están demasiado acostumbrados a la rutina de la sala de audiencia, pasan por alto detalles significativos del caso y no se fijan demasiado en las personas juzgadas. No está mal. Le movía un impulso humanizador evidente. Pero en cien años las cosas han cambiado mucho.
Hoy en día, para ser del todo imparciales y examinar los hechos y sus pruebas, los miembros de cualquier jurado, además de llevar consigo sus propios prejuicios educacionales y sociales, están no ya influenciados, sino seriamente intoxicados por la presión mediática y hasta por la abrumadora bazofia telefílmica que tiene al jurado y a los juicios por causas criminales como piedras angulares. Lo jurídico, lo que es correcto en la vía judicial-esa confusión entre lo que es homicidio y lo que es asesinato, por ejemplo- impregna la vida social, y pocas personas serán las que admitan no entender gran cosa del engranaje jurídico y de procedimiento, y no estar influenciadas por los medios de comunicación o por el runrún social.
Estos días, en Pamplona, el jurado del caso del crimen cometido por Diego Yllanes ha apreciado una atenuante de reparación del daño causado cifrada en que la víspera de que comenzara la vista pública, la familia del acusado procedió a consignar una cantidad notable, aunque inferior a la que el ministerio público pedía como indemnización; otra de embriaguez sin pruebas concluyentes, al revés; otra de confesión, que al hilo del relato estricto de los hechos resulta dudosa, y otra más de arrebato, en cuya causa de fondo se ve un claro asunto de machismo, cuestión que está entrando a duras penas en el mundo jurídico y en las mentalidades sociales.
En el público ha cundido la sospecha de que la personalidad del acusado ha sido determinante para que el veredicto haya sido el que ha sido, y que no habría sido el mismo de haber sido un marginal el autor del execrable crimen. No juzgo ni al acusado ni al jurado, sólo decir mi opinión ante los hechos y verme en la situación de dolor que padece la familia de Nagore Laffage, la joven de Irún, y mostrarle mi apoyo.
Estos días, en las últimas noticias, ha crecido la sospecha de que no somos iguales ante la ley en la medida en que si no disponemos de dinero suficiente no podemos hacer valer la atenuante de reparación del daño causado, y de que nuestra posición o entorno sociales pueden beneficiarnos llegado el caso de ser autores de crímenes como el que se juzga. De la misma manera que si no podemos pagarnos abogados especializados y de prestigio, nuestra causa puede verse afectada por un menor conocimiento o manejo de los instrumentos legales aplicables. Son sospechas sociales muy arraigadas, y, en este caso, gracias a la repercusión mediática que ha tenido el crimen, son inevitables y ya poco tienen que ver con el respeto que nos merecemos como ciudadanos y el grado de credibilidad de nuestras instituciones sociales. Están en el aire y no se van a desvanecer, sea cual sea la sentencia que finalmente recaiga sobre Diego Yllanes, el autor del crimen.